Contra la inseguridad, la necesaria política de Estado.

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Rafael GarcÍa Tinajero Pérez.

 

La sociedad mexicana pasa por un muy  largo periodo de sangre y horror. Son decenas de miles los muertos, desaparecidos, torturados, extorsionados y, por si fuera poco,  existen amplias franjas del territorio donde el Estado ha sido simplemente suplantado, desaparecido o capturado.

El problema del crimen organizado tuvo un crecimiento paulatino, durante mucho tiempo casi imperceptible, paso en unos años la producción y trasiego de enervantes y se ha expandido a  otras 23 actividades que los expertos llaman delitos organizados como son el tráfico de armas, secuestro, trata y tráfico de personas y que tienen la característica de que además de sus implicaciones estrictamente delincuenciales y de seguridad, afectan en diversa medida y ámbitos la vida económica, social y política de los Estados Nacionales. Al mismo tiempo que se han expandido y han crecido las organizaciones criminales la violencia se ha extendido.

Hace casi trece años, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, se inició la intervención abierta de las  fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, esto trajo como resultado inmediato un aumento exponencial en la violencia con que se comportan estas bandas esta situación se prolongó sin mayores cambios hasta el sexenio de Peña Nieto. Hoy , al inicio  de la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador,  vivimos un segundo gran salto cualitativo en el que no solo ha aumentado la intensidad de la violencia que se manifiesta mediante  masacres cada vez más frecuentes  que,  toman   la vida de delincuentes y fuerzas de seguridad del Estado y  afecta también en su tranquilidad , bienes y vida a comunidades enteras como sucedió en Culiacán,  o civiles inermes   como en Chihuahua,  donde fueron masacrados mujeres y niños inocentes. Estos hechos  ya son  calificados   por algunos  como violencia terrorista. Esto no es  cualquier cosa pues implica la conversión de lo hoy considerado como un asunto de seguridad pública a lo que debe considerarse una amenaza para la seguridad nacional y la del  Estado además de fuertes implicaciones internacionales pues, si por ejemplo, como ya se ha amenazado,  el gobierno norteamericano llega a darles ese estatus a los grupos criminales mexicanos, nos colocaría ante  la posibilidad de intervenciones directas del vecino del norte con las consecuencias previsibles de conflicto internacional y afectación a nuestra soberanía.

En  menos de un mes, Octubre,   se dieron   el asesinato de 13 policías estatales y 9 heridos en Aguililla, aquí en   Michoacán, emboscados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Guerrero al menos hubo 15 muertos, 14 civiles y un militar, tras un enfrentamiento en la comunidad de Tepochica; después vino la  refriega en Culiacán, que ha puesto de manifiesto  el enorme control y poder que tiene el Cártel de Sinaloa en la región, su    capacidad de fuego y para movilizar rápidamente efectivos y su sistema de información basado en un amplía base social,    lo que le permitió, en lo que podemos considerar una batalla, fijar condiciones e infligir una derrota al Estado mexicano; después vino la masacre de la familia LeBarón. Los  sucesos de Chihuahua nos muestran hasta qué grado puede llegar esta violencia inaudita que acabó con la vida de mujeres, niños y hasta bebés y  también las graves consecuencias que la inacción del Estado mexicano puede tener allende nuestras fronteras , pues en esta ocasión, siendo los masacrados ciudadanos norteamericanos, el asunto fue retomado por los medios,  opinión pública y políticos estadounidenses que lo hicieron un asunto de política doméstica, estos últimos , incluido el presidente Trump, en  tono  amistoso o beligerante que no oculta un claro afán intervencionista, criticaron la forma en que el gobierno mexicano ha venido enfrentando a los carteles y  han dejado claro que si ellos consideran al gobierno mexicano como débil y permisivo con el crimen organizado e incapaz de controlarlo, podrían declarar a los grupos organizados mexicanos como terroristas e intervenir incluso militarmente para hacer  lo que los mexicanos no podemos .

El Crimen Organizado está conformado por múltiples  empresas  que obtienen grandes ganancias efectuando actividades ilícitas, pero también a organizaciones que,  merced a su potencia económica, han logrado erigir ejércitos irregulares, con gran poder de fuego, que enfrentan a otras organizaciones criminales y al propio Estado Mexicano,  han  arrebatado a éste el monopolio del uso de la fuerza lo que les ha permitido controlar territorios, cobrar  impuestos, imponer autoridades por medio de la cooptación o la violencia, infiltrando  así  al propio Estado y apropiándose de   parte de su estructura. Influyen  no solo sobre la política sino sobre la cultura, el desarrollo económico y social y la vida cotidiana de los que habitan las áreas bajo su control y han construido una sólida base social que los protege y apoya. El Crimen Organizado no es solamente un problema de Seguridad Pública, es una seria amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad del Estado Mexicano.

Pero la respuesta social y del Estado ha sido de pasmo, confusión, desorganización, temor, división y confrontación política,  ante un problema al  que, por un simple instinto de supervivencia, sociedad y Estado  deberíamos   enfrentar unidos y organizados.

Los integrantes de la clase política clase política mexicana  un día sí y otro también, se culpan  unos a otros del crecimiento del Crimen  Organizado, evaden  la responsabilidad propia y magnifican  la ajena.    A cada masacre , por cierto cada vez más frecuentes, le sigue una andanada de declaraciones que involucran a partidos políticos, ordenes de gobierno , poderes del  Estado , actores políticos, económicos  y sociales relevantes,  mediante las que se intenta responsabilizar al adversario y sacar raja política,  con una visión corta  y electorera. Vemos a los detractores del ejecutivo Federal cargar  sobre  este todo el peso del fracaso para contener este problema y a éste responsabilizando a sus adversarios y a pasados gobernantes por lo mismo. La casa de todos se está quemando y los encargados de apagar el fuego pelean unos contra  otros por quedarse con la casa olvidando el fuego que acabará quemándonos a todos.

Mientras tanto la delincuencia avanza , adquiere mayor poder de fuego, toma más territorios, se apropia de más segmentos del Estado, incrementa su base social y su influencia, extorsiona, desaparece y mata.

Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar, estamos obligados a cesar los enfrentamientos estériles, replantear el problema del Crimen Organizado desde el diagnóstico; no despolitizar, por el contrario reconocer que se trata de un tema eminentemente político ya que la estabilidad nacional y la seguridad del Estado Mexicano están en riesgo y es el ámbito de la política el único en el que se pueden generar los acuerdos para enfrentar unidos el problema, lo que si debemos hacer es despartidizarlo ya y   ponerlo en un terreno de neutralidad  que permita la instrumentación institucional de una política de Estado que tome en cuenta todas las aristas políticas, económicas y sociales del tema, inclusive sus implicaciones más allá de nuestras fronteras  y no solo las de contención con base en la fuerza.

Esto requiere de amplios consensos, aceptados por la mayoría , que tengan legitimidad , que se generen y pongan en funcionamiento por medio  acuerdos políticos puntuales,  que incluyan a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil .

Un acuerdo político serio, en el que todas los  actores políticos  de México  se comprometan a realizar un esfuerzo conjunto y actuar en unidad contra el Crimen Organizado.

A éste pacto solo puede convocar con toda legitimidad aquel que investido por  el voto popular  ostenta el cargo de Jefe de Gobierno y Jefe de Estado en nuestro país, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

 

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