Juez niega amparo a funcionarios municipales acusados de corrupción

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Lázaro Cárdenas, Mich., febrero 12 de 2020.- Un juez de distrito del estado determinó negar el amparo a cuatro funcionarios municipales de este puerto señalados de actos de corrupción en el 2019, por lo que el caso podrá ser judicializado mediante una carpeta de investigación que elabora el agente del ministerio adscrito a la fiscalía especializada contra la corrupción.
De acuerdo al resolutivo dado a conocer en estrados en el Consejo de la Judicatura Federal, el juez tercero de distrito en el estado, negó la suspensión definitiva a Manuel Esquivel Bejarano, tesorero municipal, Adolfo Tovar Ontiveros, secretario técnico del ayuntamiento, Leticia Alejandre Palma, ex oficial mayor y Servando Jaimes Gómez, con la que buscaban que la denuncia que pesa en su contra por presuntos delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, y Concusión, cometido en agravio del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, no fueran dadas a conocer formalmente a un juez, es decir, que no procedieran ante otra instancia.
Los funcionarios señalados presentaron el 26 de diciembre pasado, una suspensión provisional y definitiva en contra los actos del agente del ministerio público adscrito a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, que le fue negada el 17 de enero pasado, además de demandar tener acceso a la información restringida en la carpeta de investigación que realiza el ministerio público.
El juez Gerardo Ortiz Pérez consideró además negar la suspensión y no amparar a los funcionarios porque, hacerlo se habría impedido la continuación del procedimiento que motivo la denuncia y “no procede conceder el amparo para el efecto de que el fiscal se abstenga de hacer del conocimiento del juez de control que existen datos de prueba suficiente en la carpeta de investigación.
Una eventual paralización del inicio del procedimiento penal, asienta el juez, puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas o afectados.
Los funcionarios municipales, fueron denunciados de los delitos de Uso ilícito de atribuciones y facultades como funcionarios y concusión.
La concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio.
La denuncia fue interpuesta por el cobro de salarios y prestaciones no autorizados por cabildo ni estar considerados en la ley de egresos de ese año.

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