Fiscalía pide a juez procesar a Robles por “Estafa maestra”

La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar y vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración pasada, por el caso conocido como la Estafa maestra.

 

A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.

 

De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la Estafa maestra.

 

El juez del Reclusorio Sur citó a Robles Berlanga y a los fiscales encargados del caso para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas.

En su petición, la FGR señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene calidad de víctima indirecta del delito que busca imputarle a Robles Berlanga, por lo que se prevé que un representante de dicho órgano acuda a la diligencia.

Fuentes allegadas al caso informaron que en días pasados Robles Berlanga presentó una demand a de amparo porque consideró que la FGR violó el principio de defensa adecuada al no citarla a comparecer previo a judicializar la carpeta de investigación.

Si el juez de amparo concede una suspensión provisional es probable que la diligencia fijada por el juez de control en el Reclusorio Sur no se realice.

La Estafa maestra se relaciona con la documentación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la utilización de 11 dependencias federales para desviar millones de pesos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las tres principales dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras), y Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya Austin.

La ASF detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.

En el sexenio pasado, Robles Berlanga también encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, según las revisiones de la ASF, formó parte del esquema de contrataciones mediante el cual se realizaron los desvíos millonarios.

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