Lázaro Cárdenas, Mich., agosto 7 de 2019.- Pedir cuentas claras a la responsable de la feria de marzo y jefa de la oficina de protocolo municipal, le costó el trabajo a quien fuera hasta hace días jefe del departamento de servicios generales, quien fue despedido sin justificación alguna, a punto de cumplir un año (mas) en el cargo.
El despido de Francisco Sánchez Rivera, quien en diversas administraciones ha ocupado el cargo de la oficina de servicios generales, está derivada, según se constante e documentos oficiales, del hecho de haber demandado a Yéssica Manzanares Navarro, quien fungió como responsable de la organización de la feria de marzo pasada y es jefa además de la oficina de protocolo y logística del gobierno municipal, esclareciera la compra y destino de 550 sillas, 25 mesas redondas y 36 mesas y adquiridas con un costo de 130 mil pesos, para ser usadas en las festividades de marzo, y que no fueron reintegradas a ese departamento al término del festejo.
“Le recuerdo, dice “chico” Pancho” en el documento oficial turnado a la funcionaria, que siempre me opuse a dicha compra y que le mencione a usted y al ingeniero Manuel Bejarano, actual tesorero, que dicho mueble estaba maltratado y aún así usted hizo la compra y me volvió a pedir hiciera la requisición del mueble comprado al particular Juan Aguirre Zamora.
La primera entra que se hizo del mobiliario, le recuerda, se hizo el 16 de marzo y fueron solo 100 sillas de plástico, 20 tablones y 20 manteles utilizados en la feria, de los cuales usted solo entregó 60 sillas, 14 tablones y cero manteles.
Luego de pedir se aclare tal compra para deslindar responsabilidades, Francisco Sánchez aclara que se tenía presupuesto para la compra de mobiliario nuevo y no usado dado el deterioro y durabilidad del mismo, dado el uso continuo del mismo en diferentes eventos.
El funcionario que dio cuenta de ello a la alcaldesa María Itzé Camacho Garibo, en lugar de la información requerida recibió un cese del cargo.
En vista de las evidentes irregularidades de la adquisición, se conoció que en mayo pasado el síndico municipal, en función de representante de los bienes municipales, interpuso una denuncia de hechos ante la contraloría municipal a efecto de que inicie las investigaciones de rigor, y de vista a las autoridades correspondientes sobre si hay algún delito de orden judicial que seguir.
