Lo cortés no quita lo valiente.

Rafael García Tinajero Pérez

Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 40:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
En una República representativa , los gobernantes de ésta en su conjunto, de sus componentes que son las entidades federativas y municipios y de sus órganos legislativos federales o locales son a la vez representantes de la soberanía popular electos periódicamente mediante la organización de elecciones que en México son una función estatal regida por cinco principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (CPEUM, artículos 41, Base V, primer párrafo y 116, fracción IV, inciso b). Existen además como una condición necesaria e indispensable para la buena gobernanza del Estado Nacional un amplio marco constitucional, legal y reglamentario que obliga a los tres Poderes de la Unión y tres órdenes de gobierno es decir los gobiernos federal, de las 32 entidades federativas y los más de 2400 ayuntamientos, a mantener una estrecha y continuada relación tanto jurídica, administrativa y política; forma e informal.
Es por eso sorprendente el hecho que vivimos hace unos días , en el que vimos al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, arribar a Palacio Nacional solicitar audiencia al Presidente de la República para presentarle algunas pruebas solicitadas por éste sobre la presunta intromisión de la delincuencia organizada en la elección del 6 de junio en nuestro estado y tras serle impedido el paso al interior del Palacio, esperar apaciblemente una respuesta del Titular del Ejecutivo Federal sentado en un pequeño banco de plástico en las afueras de Palacio Nacional. La respuesta a su solicitud fue negativa : “ Entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes, y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia, pero no es el lugar” …….“No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales, o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que respetar la investidura presidencial” el presidente dijo que no recibirá al gobernador de Michoacán ya que al tratarse de un tema electoral, él debe presentar las evidencias que dice tener ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Antes de adjetivar o especular sobre las intenciones reales o veladas de quienes se ven confrontados, en este caso el Presidente de la República y el gobernador de Michoacán; o sin reflexionar dar la razón a aquel que éste más cercano a nuestra ideología y pertenencia partidaria, pensemos un poco en lo sucedido teniendo como contexto que, al menos en el papel, vivimos en una República representativa, democrática y federal.
En ese contexto tanto Presidente de la República como el gobernador de Michoacán están dotados de una investidura que obtuvieron a partir de la toma de posesión de sus respectivos cargos y que se extinguirá en el momento en que se separen del mismo. Dichos cargos les fueron otorgados por la soberanía popular que delegó en ellos, a través del voto, facultades para actuar en su representación e interés.
Ambos son titulares, uno en el ámbito federal y otro en el estatal de la titularidad del Poder Ejecutivo en los respectivos órdenes de gobierno, en una relación que no es de subordinación o vasallaje de uno con respecto al otro sino de colaboración y coordinación. Es deber de ambos, en pro de la gobernabilidad del país y del interés de los gobernados e independientemente de su ideología , filiación partidaria, e incluso sus relaciones interpersonales , mantener una estrecha relación colaborativa, pues así los prescriben la Constitución y las leyes en lo político jurídico, administrativo, fiscal, en materia de seguridad, entre otros muchos temas. Mantener una e interacción permanente por los cauces institucionales e incluso cultivar una buena relación personal debiera ser la regla y no la excepción. Recibir al gobernador de Michoacán hubiera sido , por parte del Presidente de la República, un gesto de elemental cortesía y además un acto republicano, federalista y democrático, independientemente de que después se encauzara al gobernador ante el órgano autónomo y demás dependencias de los poderes ejecutivo y judicial que tuviesen que conocer del caso. Por otra parte, el asunto que iba a tratarle el gobernador al presidente no se circunscribe solamente al ámbito de lo electoral y de la seguridad pública, se trataba de algo más grave, la Seguridad Nacional y en última instancia la Seguridad del Estado, algo que tiene que ver con la protección del territorio, población y soberanía nacionales: la presunta intromisión del crimen organizado en nuestros procesos electorales.
Para nadie es un secreto que el crimen organizado representa un grave problema para la seguridad de los Estados Nacionales concretamente el Estado mexicano. Son organizaciones, que montan empresas para lograr un fin económico a través de actividades ilícitas pero no solo hacen esto, crean grandes ejércitos irregulares para enfrentarse a otros grupos criminales y al Estado mismo; controlan territorios; arrebatan al Estado el monopolio sobre el uso de la fuerza; cobran impuestos; en muchos lugares tienen una base social y además se apropian de segmentos del Estado Nacional mediante la cooptación por medio del soborno o la violencia contra los encargados de los poderes públicos e interviniendo en los procesos para elegir autoridades también mediante el uso de dinero ilícito o de la violencia. Es pues un asunto que no puede ni debe ser soslayado ni minimizado reduciéndolo al de simple delito electoral o contra la seguridad pública, se trata de algo mucho más grave, de delitos que atentan contra soberanía, población y territorio , delitos contra la seguridad Estado.
Ni se trataba de un particular tratando de entrevistarse con otro; ni el asunto a tratar era menor. Por el contrario, el titular del poder ejecutivo de un orden de gobierno , el estatal , pretendía entrevistarse con quien ocupa el mismo cargo en el orden de gobierno federal y el asunto era grave, implicaba la presunta intervención del crimen organizado en la elección de aquellos que serán autoridades políticas , administrativas y adema representantes populares en un tiempo muy cercano ya.
Podrán no llevarse bien, caerse mal, tener grandes diferencias, ideológicas, políticas y de pertenencia partidaria. Puede ser que el concepto que uno tenga del otro sea muy malo, como para impedir establecer una relación personal de amistad. Pero allí están, cumpliendo un cargo que les otorgó la ciudadanía mediante el voto, ostentando ambos la investidura relativa a ese cargo. No debemos pedirles que sean grandes amigos ni que el trato que se den sea afectuoso o cordial , pero sí que se de en un marco de respeto mutuo y acorde con las instituciones, la constitución y las leyes que conforman una República representativa , democrática y federal como es la nuestra.
Ni los gobernadores son vasallos, ni el presidente un monarca absoluto.
El presidente debió haber recibido al gobernador, en ese o cualquier otro momento.
Lo cortés no quita lo valiente.