Pretende ayuntamiento ocultar destino de 86 Millones de pesos; ya hay denuncias en fiscalía, asegura el CCT
Toda vez que desde septiembre pasado en que se solicitó la información sobre estados financieros del ejercicio de ese año, el ayuntamiento municipal no ha dado respuesta, el consejo ciudadano de transparencia denuncio al gobierno municipal ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción, a fin de que se investigue lo relacionado a poco más de 68 millones de pesos.
De acuerdo al expediente de la denuncia, el Consejo ciudadano se Transparencia, CCT, demandó información sobre las condiciones en que se encuentran poco más de mil préstamos personales y que se señale cual es el avance de recuperación, qué relación tienen quienes lo recibieron con la administración y cuáles son las reglas aprobadas para hacer tales prestamos
Así, por ejemplo, el CCT demando se aclare el origen de recursos excedentes, desglose de cada uno de los títulos o instrumentos donde están invertidos poco más de 59 millones de pesos.
El desglose, monto y plazo de los deudores diversos por cobrar en el corto plazo unos 23 millones de pesos y a quienes y a qué plazo se han prestado más de 3 millones de pesos, entre otras cuentas.
El gobierno, en respuesta a los interrogantes del CCT, envió sendos acuerdos de reserva de la información solicitada en diciembre pasado, lo que el instituto de acceso a la información calificó ya como irregular y fuera de orden legal, por lo que ordeno a la alcaldesa a proporcionar los datos en las condiciones que se los piden, y dejó a salvo el derecho del CCT para ejercer las denuncias correspondientes.
Ante ello, el CCT denunció ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción, la presunción de incumplimiento de la ley y actos de corrupción, a la alcaldesa María Itzé Camacho, a Santiago Magullón Higareda, contralor municipal, Ulise Emir Barajas, oficial mayor, Ángeles Berenice Olea, tesorera municipal, Carlos Alberto Marín Vieyra, jefe de la unidad de transparencia, por la reserva de la información, sin respetar los lineamientos de la Ley de Transparencia.
