Prohibido dar dinero a funcionarios

Por: Carlos Casillas

No ha sido una, sino dos, las ocasiones en que la alcaldesa de este puerto, María Itzé Camacho Zapiaín, se ha referido de manera directa a la corrupción que impera en su administración y, por los resultados, se vislumbra pretende combatirlo mediáticamente. La primera ocasión que abordó el tema, fue el mes pasado, el 17 de junio concretamente, cuando lanzó el dardo envenenado contra comercios que supuestamente, en un acto de colusión con funcionarios municipales, cometieron actos de corrupción en la obtención de licencias de operación, se supone, de giro rojo y que, ofreció, no quedarán impunes. La alcaldesa ha sido reacia en ofrecer información de qué se trata, pero en las declaraciones en “sus mañaneras” se infiere que se trata de corruptelas en la oficina de reglamentos. La propia alcaldesa, quien dice ha recibido denuncias de la existencia de licencias apócrifas, reconoce que puede ser “apenas la punta del Iceberg”. Apenas el lunes pasado de nueva cuenta Itzé Camacho se volvió a referir al tema y en esta ocasión dio a conocer la colocación de avisos en las oficinas municipales donde advierte lo evidente, “está prohibido para funcionarios y (suponemos también) empleados recibir dinero de los ciudadanos, fuera de las cajas autorizados para ello, como son la tesorería municipal y agregó que la auditoria al citado departamento aún no concluye. Llama la atención que debieron ser ciudadanos, seguramente inconformes, quienes han denunciado estos hechos ahora en manos de la contraloría municipal, cuando debió ser, en primera instancia, la propia contraloría que en función de sus atribuciones, detectara estos hechos presumiblemente irregulares cometidos, quien sabe en qué tramo de la administración de seis años que ha tenido Morena en el gobierno o en cual interinato de los varios que ha habido. La alcaldesa se ha referido de manera concreta al departamento de reglamentos, donde hasta hace algunos días despachaba Mónica Sánchez Méndez, quien fuera funcionaria de su predilección y que fue destituida en plena campaña pasada, se presume con inconveniencias políticas. Con “tal investigación”, que se hace dos meses antes que termine su actuación como alcaldesa, no cabe sino preguntarse quienes pudieran estar implicados, aparte de los comerciantes cuyos nombres no han sido revelados, pero si amenazados de clausura de sus establecimientos, lo que no ocurrirá si “se acercan” a regularizar la situación de los mismos. Por todo ello, hay la creencia de que detrás de este sainete hay más un interés mediático, político, que jurídico y se busca amarra las manos a alguien.