Capacita Secoem a contralores de la región Sierra-Costa, en combate a la corrupción
Coalcomán, Michoacán, a 10 de abril 2019.- La Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) realizó la Reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCEM) 2019, región IX Sierra-Costa, en la que se dieron a conocer los procesos, la normatividad y las acciones estratégicas para combatir y prevenir la corrupción.
Coalcomán, Michoacán, a 10 de abril 2019.- La Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) realizó la Reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCEM) 2019, región IX Sierra-Costa, en la que se dieron a conocer los procesos, la normatividad y las acciones estratégicas para combatir y prevenir la corrupción.
Los contralores fueron capacitados así en la atención a las presuntas responsabilidades graves y no graves que sean de su competencia, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A este encuentro asistieron los contralores municipales de Arteaga, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Coalcomán, así como el presidente municipal y tesorero del municipio anfitrión, José Antonio Morales Arteaga y Omar Alejandro Moreno Barragán, respectivamente.
Durante el evento, que contó con el coordinador de la CPCEM, contralor de Tocumbo, Jorge Jacuinde Reyes, y de la Secretaría Técnica de la Secoem, se reiteró el compromiso del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, de trabajar con los principios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas, con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Asimismo, se resaltó que, a nivel estatal, los 113 municipios cuentan con este modelo de vinculación entre el órgano estatal de control y los municipales.
Los contralores municipales fueron capacitados en materia de Fiscalización de la Cuenta Pública en los municipios, por parte del personal de la Auditoría Superior de Michoacán, y en Notificaciones, por personal de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secoem.
Con ello, se promueve el cumplimiento de los acuerdos de la evaluación de la gestión pública, instrumentos, mecanismos de control y verificación, que giren en torno a una eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, así como la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades.